La opinión de Elisenda Villena. Detective. Barcelona
Cataluña ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de la figura del Detective Privado en España. Desde sus inicios, la región ha sido pionera en la regulación y profesionalización de esta actividad, impulsando la creación de asociaciones y colegios profesionales que han contribuido a dignificar y dar visibilidad a la profesión.
Desde la Asociación Catalano-Balear (ACBDP) , fundada en 1.978 pionera en su especie y antecesora de la actual APDPE de ámbito estatal, hasta la creación del primer Colegio Profesional de Detectives Privados de España en el año 1.999, han sido los Detectives catalanes los que han impulsado las organizaciones de tipo profesional.
Con la mentalidad y el convencimiento que la unión hace la fuerza y de que los colectivos ganan visibilidad cuando crecen en número de individuos y se organizan, desde Cataluña se ha buscado siempre la unión del sector como demuestra el dato de que esa primera Asociación llegara a cerca de 500 asociados, más de la mitad de fuera de Cataluña y Baleares.
La tradición industrial y comercial de Cataluña, junto con su dinamismo empresarial, ha generado una demanda constante de servicios de investigación privada, tanto en el ámbito empresarial como en el personal. Esto ha favorecido la aparición de despachos de detectives de referencia y la formación de profesionales altamente cualificados.
Además, las universidades catalanas han sido precursoras en la oferta de estudios específicos en investigación privada, lo que ha permitido que muchos detectives se formen con una sólida base académica y ética. La colaboración entre instituciones, empresas y profesionales ha convertido a Cataluña en un referente nacional e internacional en el sector.
Sin embargo, seguimos teniendo la necesidad de explicar con claridad a la sociedad, a la prensa, a las administraciones, a los juristas y a cualquiera que viva el presente, la verdadera importancia de la figura del Detective.
Y es que en el sistema judicial español, el detective privado es el único profesional legalmente habilitado para investigar y aportar pruebas de parte en un proceso judicial. Según la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, los detectives privados pueden realizar investigaciones por encargo de personas físicas o jurídicas, siempre que respeten los derechos fundamentales y actúen dentro del marco legal.
Esto significa que, a diferencia de la policía, cuya labor investigadora está al servicio del Estado y de la autoridad judicial, el detective privado actúa en representación de los intereses legítimos de una parte en el proceso. Gracias a su habilitación, puede recabar información, realizar seguimientos y obtener pruebas que, presentadas en juicio, tienen plena validez y pueden ser determinantes para el resultado del litigio.
La importancia de este recurso radica en que, sin la posibilidad de contratar un detective privado, la justicia sería menos justa y equitativa. Si solo la policía pudiera investigar, o si solo quien tiene acceso a recursos estatales pudiera probar sus afirmaciones, muchas personas y empresas quedarían en situación de indefensión. El detective privado equilibra el acceso a la prueba, permitiendo que cualquier parte pueda demostrar hechos relevantes ante el juez.
El reto de los nuevos perfiles en la investigación privada
A pesar de la larga trayectoria de la profesión – en 1896 ya existía en la calle Tallers de Barcelona una agencia de Detectives y en 1910 Cazeneuve creo su agencia, la más importante de la primera mitad del siglo XX — y la regulación específica que ampara la labor de los detectives privados en España, actualmente están surgiendo numerosos perfiles profesionales que se introducen en el sector de la investigación sin contar con la habilitación legal de detective privado. Bajo denominaciones como “criminólogo”, “analista de inteligencia”, “experto en fuentes abiertas”, “genealogista”, “consultor de estrategia” o “analista de mercados” , estos pseudo profesionales ofrecen servicios que, en muchos casos, se solapan con las funciones reservadas por ley a los detectives privados.
Esta situación puede suponer un menoscabo a la credibilidad y al reconocimiento del detective privado, ya que la investigación privada es una actividad regulada y su ejercicio exige cumplir requisitos legales, formación específica y estar habilitado por el Ministerio del Interior. La proliferación de perfiles no regulados puede confundir a la sociedad, a los clientes y a los propios operadores jurídicos, poniendo en riesgo la calidad y la validez de las pruebas obtenidas y ocasionando serios perjuicios económicos al sector.
Por ello, es fundamental reivindicar la figura del detective privado como el único profesional autorizado para investigar y aportar pruebas de parte en procesos judiciales, garantizando la legalidad, la ética y la protección de los derechos fundamentales. La investigación privada es una ciencia que evoluciona con la sociedad y la legislación, y exige plasticidad y rigor a quienes la practican.
Por todo lo anteriormente expuesto la LSC quiere impulsar las acciones necesarias para avanzar en este proyecto que es llevar al DP al lugar que merece.
